El concepto de "gran tenedor" ha ganado popularidad en España durante los últimos años debido principalmente a la creciente regulación del mercado inmobiliario. Este término, que hace referencia a las personas o entidades que poseen un número significativo de propiedades destinadas al alquiler, es central en las políticas de vivienda, ya que buscan equilibrar los derechos de propietarios con la protección de los inquilinos y la accesibilidad a la vivienda.

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Con la aprobación de la Ley de Vivienda en 2023, se han establecido nuevas definiciones, además de un marco específico de derechos y obligaciones para los grandes tenedores. En este artículo, te explicamos qué significa ser un gran tenedor en España, cómo se determina esta categoría y cuáles son las responsabilidades que esto conlleva.

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¿Qué es un gran tenedor?

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Según la legislación vigente en España, un gran tenedor es una persona física o jurídica que posee diez o más inmuebles urbanos destinados al alquiler, excluyendo garajes y trasteros. Esta definición también incluye a aquellos que poseen una superficie construida superior a 1.500 metros cuadrados con fines residenciales. A pesar de esto, en algunas zonas tensionadas, también se considera gran tenedor a aquellos que cuentan con más de cinco propiedades, siempre que estas se encuentren en el mismo ámbito.

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Derechos de los grandes tenedores

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1. Derecho a establecer precios de alquiler. Aunque en algunas zonas entra en vigor la Ley de Vivienda, encargada de regular los precios en áreas declaradas como "zonas tensionadas", los grandes tenedores conservan el derecho a fijar precios, aunque sea dentro de los límites establecidos por esta ley.  ‍

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2. Derecho a la recuperación de la propiedad. Los grandes tenedores pueden recuperar sus propiedades al vencimiento del contrato de alquiler, siempre que se respeten los términos legales y contractuales.

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3. Derecho a recibir compensaciones. En casos de regulaciones excepcionales que limiten sus derechos, como la aplicación de topes de alquiler en zonas tensionadas, los grandes tenedores pueden solicitar compensaciones económicas al Estado o a las comunidades autónomas correspondientes.

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Obligaciones de los grandes tenedores

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1. Cumplimiento de los contratos de alquiler. Los grandes tenedores deben garantizar que los contratos de alquiler se formalicen de acuerdo con la legislación vigente, incluyendo los plazos mínimos y las condiciones estipuladas en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

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2. Ofrecimiento de alquiler social en casos de vulnerabilidad. En situaciones de desahucio por impago, los grandes tenedores están obligados a ofrecer un alquiler social a las personas en situación de vulnerabilidad, siempre que cumplan con los requisitos legales. En algunas regiones, como en Cataluña, esta obligación está claramente establecida en normativas como la Ley 24/2015, que exige a los grandes tenedores ofrecer un alquiler social antes de iniciar el proceso de desahucio.

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3. Información y transparencia. Es obligatorio que los grandes tenedores registren y mantengan actualizada la información sobre sus inmuebles, incluyendo las condiciones de alquiler, en los registros oficiales del Estado.

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4. Cumplimiento de la normativa en zonas tensionadas. En las "zonas tensionadas", los grandes tenedores deben ajustar sus precios de alquiler a los límites establecidos y colaborar con las administraciones para fomentar la accesibilidad a la vivienda.

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Sanciones por incumplimiento

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El incumplimiento de las obligaciones establecidas puede resultar en sanciones económicas significativas. Las multas por irregularidades, como la negativa a ofrecer alquiler social cuando corresponde, pueden alcanzar cifras muy elevadas, dependiendo de la gravedad de la infracción.

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La figura del gran tenedor en España representa un actor clave en el mercado inmobiliario. Con los derechos vienen también responsabilidades destinadas a garantizar la estabilidad y la accesibilidad en el mercado de la vivienda y comprender estas obligaciones no solo permite a los grandes tenedores operar dentro del marco legal, sino que también contribuye al desarrollo de un mercado más equitativo y sostenible para todas las partes involucradas.

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Además, gracias a la digitalización y el avance de la tecnología, los grandes tenedores cuentan cada vez con más herramientas para gestionar sus propiedades y tienen facilidades para controlar aspectos como pagos, incidencias y comunicación directa con los inquilinos.

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